La vivienda es un derecho y no un bien de consumo, por lo tanto la legislación sobre este tema debe ser tratada de manera integral y no apresurada. Este fue uno de los puntos centrales que la investigadora de AVE-CEVE-CONICET, Daniela Gargantini, presentó en la Cámara de Diputados de la Nación en el debate de la modificación a la Ley Nacional de Alquileres.
La nueva ley nacional de alquileres que se debate en la Comisión de Legislación General de la la Cámara de Diputados presentó cuatro sesiones informativas en las que participaron expositores representantes de diversos sectores, tales como cámaras inmobiliarias, propietarios, inquilinos y especialistas en el tema.
Durante una de las primeras jornadas la investigadora del área de Gestión Integral del Hábitat del CEVE destacó que esta ley aborda el tema del acceso al ha╠übitat y a la vivienda que representan un derecho humano constitucional e internacionalmente reconocido; y que, tal como quedó en evidencia durante la pandemia, el acceso a la vivienda es un derecho básico de la vida que permite alcanzar otros derechos.
“Es importante considerar que la satisfaccio╠ün del derecho al acceso a un ha╠übitat digno y a la vivienda no supone la propiedad del bien que se habita, y que a pesar de los fuertes incentivos otorgados a la construccio╠ün y al desarrollo inmobiliario en los u╠ültimos an╠âos, la situacio╠ün habitacional deficitaria no mejoro╠ü”, señaló la también académica de la Universidad Católica de Córdoba.
Ya en 2018 las familias encuestadas en la Segunda Encuesta Nacional de Inquilinos destinaban cerca del 50% de sus ingresos para el pago del alquiler, y en 2020 la Encuesta Permanente de Hogares relevó que en ciudades como Buenos Aires, Ushuaia y Ri╠üo Cuarto el 35 por ciento de las y los ciudadanos son inquilinos.
Para el caso de Córdoba el equipo de investigación coordinado por Gargantini, identificó que en los últimos años los alquilenes tuvieron aumentos proporcionalmente mayores al de los incrementos de los ingresos familiares, lo que implico╠ü un sobreesfuerzo econo╠ümico para las familias.
Por eso, la investigadora señaló que es necesario contar con una regulacio╠ün del precio inicial de las viviendas en alquiler, vincula╠ündolo a factores de ubicacio╠ün, calidad constructiva, valor catastral, superficie, condiciones de habitabilidad, con publicacio╠ün estatal de precios de referencia.
Otras propuestas presentadas apuntaron a mantener el plazo mínimo de tres años en los contratos de alquiler; avanzar hacia una modificación del índice de actualización de alquileres para reemplazar la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE) por el salario mínimo vital y móvil. Además, plantearon reglamentar el Programa Nacional de Alquiler Social en todo el territorio nacional para atender situaciones de vulnerabilidad habitacional que afectan principalmente a las infancias, las mujeres, disidencias, jubilados y jubiladas.
“La falta de informacio╠ün, la poca transparencia del sector, el incumplimiento de las reglamentaciones establecidas sobre el registro de contratos y la falta de tributos que inciden en esta actividad comercial, recrudecieron las extorsiones y condiciones informales propiciadas por propietarios y mediadores a la hora de alquilar. Si se quiere, una profeci╠üa autocumplida para provocar una vuelta atra╠üs en su regulacio╠ün”, sentenció en la reunión donde expusieron cerca de 43 oradores.


Discurso completo de Daniela Gargantini: https://www.youtube.com/watch?v=HfWPiW5Ylvs (1:15:08- 1:22:16).