Una nueva ley de alquileres rige en Argentina desde su sanción el 11 de octubre, que modificó a la N° 27.551, promulgada en 2020, y su debate convocó a referentes de diversos sectores. Además de los representantes de las organizaciones de inquilinos y del sector inmobiliario e intermediario, se sumaron, entre otras, las voces del sector académico y científico especializadas en el tema.

Desde el Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE, CONICET-AVE) un equipo de investigadoras, profesionales y becarias del área Gestión Integral del Hábitat (GIH) trabajan desde 2013 para aportar una mirada a temas vinculados a la vivienda de alquiler como modalidad apta para habitar. 

“Hemos producido información sobre la situación de la vivienda que ha sido referente y se ha utilizado en los distintos debates sobre los derechos de los inquilinos en la discusión de la Ley de Alquileres”, señala Daniela Gargantini, investigadora de CEVE y coordinadora de GIH.

En ese marco, publicaron el libro ‘La vivienda de alquiler como opción para habitar’, que presenta un recorrido histórico en relación a los conflictos vinculados a la vivienda en alquiler y aportan metodologías y estrategias para implementar una política pública en relación a esta problemática.

Como espacio científico que estudia el acceso a la vivienda de alquiler, Gargantini y su equipo de trabajo fueron convocadas por la Cámara de Diputados de la Nación, como informantes clave, para pensar las modificaciones en la discusión de la ley de alquileres en ambas Cámaras del Congreso y en la Legislatura Provincial.

“En el debate, nuestros aportes se centraron en la defensa de mantener el contrato de alquiler de tres años, porque es un período que permite a los hogares cierta previsibilidad”, señala la investigadora. 

Esta es una de las acciones que forma parte del trabajo de investigación que realiza GIH en torno a temas sobre la construcción de políticas públicas que favorezcan el acceso al hábitat para diversos sectores de la población. 

Desde ese equipo de investigación se concibe que la intervención del Estado en materia de acceso a la vivienda es sumamente necesaria. Es desde allí, donde puede regularse, por ejemplo, la ociosidad del suelo y de la vivienda.

Entre los puntos más relevantes de la nueva Ley se encuentra la duración del contrato que se mantiene de 3 años, los avisos de alquiler que se deben anunciar en pesos y el contrato que se fija en moneda nacional. La nueva modificación considera una actualización del valor del alquiler cada seis meses, mientras que la anterior lo hacía de manera anual.

La presencia del CEVE en los debates

Las propuestas del CEVE llegaron a ser parte de la discusión de la ley, gracias a su aporte de datos objetivos a la discusión de la ley y a sus alianzas con movimientos de inquilinos que defienden los derechos de los hogares argentinos. 

En el marco del debate en el Congreso, además de la defensa por mantener la extensión de los contratos de alquiler en 3 años, desde GIH también apoyaron otro de los puntos aprobados en la ley actual, como la actualización del valor del alquiler cada seis meses. 

“En un contexto inflacionario como el actual, el poder tener una actualización semestral nos parece razonable. La actualización anual no convenía ni al propietario ni al inquilino, y la actualización cuatrimestral o trimestral que se proponía en otros proyectos presentados tampoco eran efectivas ni beneficiosas”, menciona Gargantini.

Un punto relevante del planteo realizado por este grupo de investigación fue la reglamentación del Programa Nacional de Alquiler Social, creado en la Ley de Alquiler en 2020 para atender situaciones de vulnerabilidad habitacional que afectan a las infancias, mujeres, disidencias, jubilados y jubiladas. 

Desde GIH, consideran que contar con un programa que acompañe a estos hogares y permita a las personas acceder a una vivienda en alquiler es fundamental, porque muchas familias ni siquiera alcanzan a cubrir el valor de un alquiler mínimo. 

“La implementación o la reglamentación de este programa es importante porque hay un sector poblacional con desventajas como los hogares con jefatura femenina, único sostén de hogar, los hogares compuestos por mujeres víctimas de violencia de género, adultos mayores, personas con discapacidades, entre otros, que bajo leyes estrictas de mercado no podrían ni siquiera acceder a una vivienda en renta” destaca la investigadora. 

Redes para estudiar y promover el acceso al hábitat

La Red por un Hábitat y Alquiler Justos es un espacio conformado por distintas organizaciones sociales de la ciudad de Córdoba, cuya finalidad es coordinar acciones y poner en marcha iniciativas que den respuesta a la grave situación que atraviesan las y los inquilinos en el país. 

Algunas de las instituciones que forman parte de este espacio son el Instituto de Investigación de Vivienda y Hábitat, la Asociación de Vivienda Económica, Inquilinos Córdoba, Juntas por el Derecho a la Ciudad, el Servicio habitacional y de Acción Social, el CISCSA, y el Centro Experimental de la Vivienda Económica,  entre otras. 

“Lo que hacemos es complementarnos entre las asociaciones y los ámbitos académicos, para conformar espacios de difusión o divulgación, y espacios más políticos. Nos repartimos las tareas en la que cada organización mantiene su identidad y nos vinculamos en los procesos”, señala Carla Sanchez, integrante de la asociación Juntas por el Derecho a la Ciudad.

Por parte de Juntas por el Derecho a la Ciudad, que actúan desde la perspectiva de género y ciudad, asistieron al último debate de la ley visibilizando la realidad de los ciudadanos y ciudadanos que son excluidos por contar con condiciones desiguales por su género, grupo etario, entre otras. 

“Hasta ahora las acciones concretas han sido de visibilización, a través de redes sociales informar como viene siendo la discusión y como fue quedando porque entendemos que hay mucho desconocimiento sobre el tema” destaca Carla.

Desde CEVE se aportan conocimientos científicos para entender las problemáticas urgentes de la sociedad. Su participación en redes se inscribe en una estrategia para que la ciencia y la evidencia que se produce, tengan incidencia en mejores políticas públicas en el país.

En agosto el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación (MINCYT), seleccionó el proyecto de la ‘Red Federal de estudios sobre la Vivienda de Alquiler’, conformado por CEVE y otras entidades académicas, que procura abordar esta problemática, construir evidencias y contribuir con sus hallazgos a las políticas públicas.

La iniciativa forma parte de un grupo de Redes Federales de Alto Impacto que promueven la conformación de grupos de investigación en temas prioritarios para el desarrollo nacional en el marco del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.

Por Valentina Magnaterra
Práctica supervisada de la Facultad de Comunicación Social, UNC