Una investigación impulsada por el Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE, CONICET-AVE) busca mejorar prácticas jurídicas y potenciar el conocimiento sobre los casos judiciales de violencia estatal hacia habitantes de zonas urbanas marginalizadas.
Para ello el equipo, que también está integrado por investigadoras y becarias del Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIPsi, CONICET-UNC) y del Instituto de Estudios sobre Derecho, Justicia y Sociedad (IDEJUS, CONICET-UNC), estudian el proceso judicial y las consecuencias del caso de detenciones policiales arbitrarias de 586 jóvenes de barrios populares de la ciudad de Córdoba, por el cual las víctimas presentaron una demanda contra la Provincia.
“Los casos de violencia estatal territorial vinculan problemáticas como violencias, funciones del Estado, género, pobreza y territorio, y suelen abordarse por separado con herramientas disciplinares diversas,” señala Mariela Puga, investigadora y coordinadora del área Justicia Territorial de CEVE.
Construir una mirada integral y multidisciplinaria sobre el tema es uno de los puntos esenciales para comprender la problemática, pero las investigadoras van más allá y buscan que esas miradas se materialicen en prácticas aplicadas en procesos judiciales.
Para ello, proponen herramientas que permitan visibilizar los daños causados en las víctimas de violencia estatal y contribuyan a optimizar el proceso jurídico. En otras palabras, que se implementen las reglas procesales adecuadas a cada caso, y, en particular, que permitan avanzar hacia una remediación judicial efectiva.
“Los desafíos de la práctica judicial, la complejidad de lo colectivo (definido desde el derecho) y la perspectiva socio-territorial contribuyen a enriquecer la mirada académica. Hacerla más consciente de la dimensión que se presentan en los conflictos territoriales”, señala la abogada.
El caso por las detenciones arbitrarias
En mayo de 2015, la Policía de Córdoba irrumpió en 69 barrios populares de la ciudad y registró la detención de 586 jóvenes. Por este caso, desde 2019, existe una causa judicial donde el Gobierno provincial es demandado por los daños morales generados a las víctimas de aquel episodio.
La causa es impulsada por una de las víctimas de los sucesos de 2015, junto con la La Poderosa y la Clínica Jurídica de Interés Público (CLIP), dos asociaciones sin fines de lucro que trabajan por el acceso a la justicia en barrios populares.
“Como integrantes de la Clínica Jurídica de Interés Público veníamos trabajando la temática del derecho, conflicto y territorio donde estábamos litigando este caso que tiene rasgos territoriales muy claros”, señala Puga quién es cofundadora de la CLIP.
La investigación conjuga los estudios territoriales desde la perspectiva del derecho, con una instancia práctica a través de reclamos judiciales concretos.
El equipo señala que durante el proceso judicial se deberían considerar factores como la edad, el territorio y la marginalización socioeconómica de las personas involucradas. Además, pone en evidencia la necesidad de reparar en los daños psicológicos y emocionales de las víctimas de violencia policial.
La violencia institucional mirada desde la psicología
El trabajo de investigación también incorpora la mirada del campo de la psicología y sostiene que, en los casos de violencia institucional, deben ser consideradas las realidades psicosociales de las víctimas.
“Probar que efectivamente existen daños psicológicos, emocionales y en los vínculos de las víctimas de violencia policial y, en particular de estas razias de 2015, permitirá justificar la demanda de resarcimiento por daños morales que se pide en este juicio”, menciona Andrea Bonvillani, psicóloga e investigadora del Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIPSi, CONICET-UNC).
Si esto pasara, sostiene la académica, va a tener consecuencias inéditas en la jurisprudencia argentina: por primera vez la violencia psicológica podría ser considerada daño moral colectivo, sobre la identidad de jóvenes de barrios populares.
Además, el Gobierno provincial estaría obligado a reparar en los efectos psicológicos producidos por la violencia policial.
Bonvillani ha trabajado sobre las acciones discriminatorias y prejuiciosas que la Policía de la Provincia aplica sobre ciertos jóvenes de sectores pobres de la ciudad. “Hay un conjunto de creencias muy arraigadas en la sociedad cordobesa en torno a la peligrosidad de estos jóvenes. Se les atribuye una disposición a cometer delitos”, dice la académica.
La importancia de incluir en el proceso judicial reclamos de daño moral y daño moral colectivo permite ponerle un nombre a los efectos psicosociales para comprender la gravedad del caso y, a la vez, exigir nuevas formas de reparación para las personas afectadas.
Litigio colectivo
Una de las herramientas jurídicas puestas en juego en este caso es el litigio colectivo, que permite motorizar demandas en representación de un grupo de personas que han sido afectadas por el mismo hecho.
Las llamadas razias de 2015, que dan cuenta de la violencia estatal territorial, son hechos que involucran a un grupo de personas y presentan una serie de características que habilitan la posibilidad de demandar de manera colectiva.
“La tecnología del litigio como forma de abordar y remediar conflictos ofrece una oportunidad única de mirar otras dimensiones de la violencia estatal, pensar otra configuración de esas problemáticas, y es una herramienta para entender mejor los obstáculos a las soluciones teóricas que imaginamos”, comenta Puga, que es una referente en el estudio del tema.
Así, esta investigación es una apuesta a desarrollar, aplicar y transferir competencias técnicas y jurídicas que permitan mejorar los procesos judiciales en los casos de violencia estatal territorial. En definitiva, generar acciones para ampliar el acceso a la justicia.
Colaboración:Cecilia Moschner- Programa de Prácticas Preprofesionales, Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba.
Crédito de la imagen: Mateus Andre-Freepik.
