Un grupo de organizaciones que promueven el acceso al hábitat y a la vivienda en alquiler, conformó un espacio para intercambiar diagnósticos, formular propuestas e implementar acciones conjuntas en torno a esta problemática en la provincia de Córdoba.
Se trata de la Red por un Hábitat y Alquiler Justos, que está integrada por el Instituto de Investigación de Vivienda y Hábitat (INVIHAB), la Asociación de Vivienda Económica (AVE), el Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE), Inquilinos Córdoba, Juntas por el Derecho a la Ciudad, el Servicio habitacional y de acción social (SEHAS), la Asociación Civil Arturo Orgaz, la Fundación CEID, la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, CISCSA – Ciudades Feministas y la Cooperativa Felipe Varela.
La finalidad de este espacio es coordinar acciones y poner en marcha iniciativas para dar respuesta a la grave situación que están atravesando las y los inquilinos de nuestro país.
A su vez, se busca articular acciones con distintos actores e instituciones para compartir propuestas y trabajar en posibilidades de concreción. Las propuestas están orientadas a los niveles provincial y local, tanto en los marcos legislativos como en los ejecutivos.
También, las organizaciones que conforman la red tienen articulaciones y participación en espacios a nivel nacional ya constituidos, los cuales conforman canales para pensar acciones en conjunto con otros territorios en una problemática que afecta, con sus particularidades, a todo el país.
En un comunicado de prensa emitido por la red, Maximiliano Vittar (Inquilinos Córdoba), Daniela Gargantini (CEVE, CONICET-AVE) y Carla Sánchez (Juntas por el Derecho a la Ciudad), grupo promotor de esta iniciativa, señalan que la motivación principal para su conformación es la “apremiante situación que atraviesan los hogares inquilinos, vinculado a una ausencia de acciones que la mejoren».
«Hay una idea instalada y fogoneada por ciertos sectores que reducen las alternativas a construir más viviendas y, aunque no nos oponemos a la construcción, los datos nos demuestran que con eso no alcanza», mencionan.
En ese sentido, evidencian que si bien en el último tiempo se incrementó el stock de inmuebles, no se tradujo en un mayor acceso a la vivienda, «o porque no están en alquiler muchos de ellos o porque los que están, están a precios desproporcionados en relación a los salarios».
En relación a la ley de alquileres vigente, en el comunicado se manifiesta la preocupación de que «en un contexto de tanta inestabilidad, se pretenda poner en tela de juicio el único instrumento que tenemos los inquilinos para garantizarnos algunos derechos».
“El debate central, a nuestro entender, es: qué función o lógica tiene el acceso a la vivienda en nuestro país: ¿Es un derecho o es un negocio?», se preguntan las organizaciones.
